El "Predialazo" como Cortina de Humo: La Cruzada contra el Catastro y el Sabotaje a la Paz

 

La atmósfera política en Colombia se encuentra hoy saturada por una narrativa que, bajo la apariencia de defender el bolsillo del ciudadano, oculta una de las maniobras de preservación de privilegios más sofisticadas de las últimas décadas, pues resulta imperativo desentrañar cómo la legítima preocupación por el aumento del impuesto predial ha sido secuestrada para convertir al Catastro Multipropósito en un chivo expiatorio técnico.

Este fenómeno no es una coincidencia, sino una coreografía política diseñada para que la opinión pública confunda la herramienta de medición con la decisión del recaudo, permitiendo que los sectores más retardatarios de la sociedad mantengan la opacidad sobre la tierra que han acumulado. Para entender esta estrategia, debemos partir de la base de que el catastro tradicional en Colombia ha operado históricamente como un sistema ciego y cómplice, limitado a un inventario físico y económico desactualizado que permitía que inmensas extensiones de tierra productiva figuraran en los registros con valores de hace veinte o treinta años, pagando impuestos irrisorios mientras el resto del país asumía la carga fiscal del desarrollo urbano.

 

La ruptura de este statu quo mediante el Catastro Multipropósito representa un salto cualitativo que va mucho más allá de lo tributario, transformando una simple lista de precios en un sistema de información territorial integral. A diferencia del modelo antiguo, que solo buscaba saber "cuánto cobrar", el modelo multipropósito integra la realidad jurídica con la física, permitiendo que el Estado por fin cruce los datos de propiedad con la posesión real en el terreno. Esta claridad en los términos de propiedad y su registro es, precisamente, lo que desata el pánico en quienes han consolidado su patrimonio sobre la base de la usurpación o el aprovechamiento de la desordenada institucionalidad rural. Como bien señala Carlos Morales-Schechinger en sus estudios sobre inequidad urbana en América Latina, el bajo gravamen a la propiedad inmobiliaria es un factor determinante en la concentración de la riqueza, y en el caso colombiano, esa "riqueza" suele estar manchada por el desplazamiento forzado de campesinos que, al perder su tierra, también perdieron su lugar en el mapa oficial del Estado.

 

Al iluminar estas zonas grises, el catastro técnico se convierte en el enemigo natural de la especulación y el latifundio ocioso, revelando que la productividad del suelo está inversamente relacionada con el tamaño de los predios en manos de unos pocos. La evidencia técnica demuestra que, mientras los pequeños y medianos productores suelen llevar sus tierras al máximo potencial productivo, las grandes extensiones suelen ser utilizadas como activos de engorde o para actividades de baja intensidad, esperando que la inversión pública en vías e infraestructura valorice el terreno sin que el propietario mueva un solo dedo. Esta "renta diferencial", concepto analizado profundamente en las teorías sobre recuperación estatal de plusvalías, es en realidad una transferencia de riqueza desde la colectividad hacia el propietario privado. Cuando el Catastro Multipropósito identifica estos valores reales, lo que hace es preparar el terreno para una justicia distributiva donde el suelo cumpla con su función social, una obligación constitucional que la ultraderecha colombiana intenta borrar del imaginario colectivo tachándola de "ataque a la propiedad privada".

 

Es aquí donde la estrategia política de desinformación alcanza su punto más álgido, al ocultar deliberadamente que la construcción del impuesto predial es un acto de autonomía municipal y no una imposición mecánica del catastro nacional. El impuesto se construye sobre dos pilares: la base gravable (el avalúo que da el catastro) y la tarifa (que deciden los Concejos Municipales). Los opositores al progreso territorial culpan al "termómetro" catastral del aumento del impuesto, para evitar que la ciudadanía exija a sus alcaldes y concejales una graduación justa de las tarifas. Esta manipulación no es solo un argumento electoral para captar votos de una clase media asustada, sino que constituye el núcleo del sabotaje contra el Punto 1 del Acuerdo de Paz: la Reforma Rural Integral. Sin un catastro moderno, el Acuerdo de Paz es una promesa vacía, pues no habría forma de restituir tierras a las víctimas, ni de formalizar la propiedad de millones de campesinos, ni de alimentar el Fondo de Tierras que busca corregir la histórica herida de la desigualdad en el campo.

 

Desmontar el catastro es, en esencia, intentar desarmar la paz territorial para que la tierra siga siendo una caja fuerte de impunidad y no un motor de desarrollo para quienes la trabajan. En otros contextos, como el de Brasil con sus leyes de desarrollo urbano o los sistemas de transparencia inmobiliaria en Europa, se entiende que el Estado tiene el derecho y el deber de recuperar parte del valor que él mismo crea a través de la norma urbana y la obra pública. En Colombia, por el contrario, la ultraderecha ha logrado posicionar la idea de que cualquier intento de actualización técnica es un asalto, ignorando que la verdadera expropiación la sufrieron los millones de desplazados cuyos predios hoy aparecen con dueños de "buena fe" en registros catastrales obsoletos. La importancia de mantener vigente el Acuerdo de Paz radica en que este ofrece el marco legal y político para que el suelo deje de ser un botín de guerra y pase a ser un recurso gestionado con criterios de eficiencia, equidad y transparencia técnica.

 

No podemos permitir que el debate técnico sea sepultado por el ruido del populismo fiscal, porque lo que está en juego no es solo una factura de impuestos, sino la posibilidad de que Colombia por fin conozca su propia geografía social. La construcción de un catastro técnico y multipropósito es el primer paso para una administración pública responsable, donde los responsables legales del recaudo rindan cuentas sobre cómo utilizan esos recursos para cerrar las brechas de infraestructura. Al final del día, la resistencia al catastro es la resistencia a la modernidad y a la verdad; es el último refugio de quienes prefieren el caos de los linderos difusos para ocultar el rastro de la violencia.

 

Defender el Catastro Multipropósito es defender el derecho de la nación a saber a quién le pertenece el suelo y en qué condiciones de justicia lo ostenta. Si permitimos que esta herramienta sea saboteada, estaremos condenando a las futuras generaciones a vivir en un país donde el mapa sigue siendo una herramienta de exclusión y no un instrumento de paz. La ultraderecha sabe que un país con datos es un país que puede reclamar sus derechos, y por eso su cruzada contra el catastro es, en realidad, una cruzada contra la transparencia.

 

La verdadera cara de quienes atacan hoy el catastro es la de aquellos que necesitan que Colombia siga siendo un país de sombras para que sus privilegios no tengan que rendir cuentas ante la luz de la técnica. No es el predial lo que les quita el sueño, es el fin de la era donde podían esconder hectáreas de despojo tras un registro de papel quemado.

 

Quien se opone a que el Estado conozca la realidad de su tierra, usualmente es porque tiene algo que ocultar bajo el polvo de la desactualización catastral. La paz en Colombia no se firma solo en los escritorios, se consolida en cada metro cuadrado que el Estado logra identificar para devolverle su función social y su dignidad productiva.

Anexo: Cuadro comparativo.

Característica	Catastro Tradicional (El que defienden los privilegiados)	Catastro Multipropósito  (La herramienta del desarrollo)
Objetivo	Puramente tributario (cobrar).	Gestión de tierras, planeación, formalización y servicios públicos.
Información	Datos básicos y muchas veces erróneos.	Interoperable con el Registro de Instrumentos Públicos (Seguridad Jurídica).
Enfoque	Ignora la realidad social y ambiental.	Incluye zonas de riesgo, áreas protegidas y derechos étnicos.
Actualización	Cada 10 o 20 años (permite la especulación).	Dinámica y constante; refleja la realidad del mercado.
Uso de la Tierra	No distingue productividad.	Identifica el suelo ocioso y facilita la Reforma Rural Integral.